A medida que la realidad del cambio climático se impuso a los intentos de negarlo, las empresas comprendieron que presentar una limpia hoja de servicios en materia de emisiones de efecto invernadero —la neutralidad de carbono o “cero neto”— se convertía en una exigencia. Muchas se han acogido voluntariamente a comprar compensaciones de carbono. Pero este criticado esquema lo es cada vez más, con estudios recientes según los cuales muchas de estas compensaciones no aportan beneficio real.
En 1997 el Protocolo de Kioto estableció mecanismos flexibles para facilitar la adaptación a la reducción de emisiones, de forma adicional a la obligación de respetar los límites y compensar el exceso mediante la compra obligatoria de créditos de carbono. Uno de ellos era el Mecanismo de Desarrollo Limpio: financiar proyectos de reducción de emisiones en naciones más pobres como compensación de las propias. Este sistema es una opción voluntaria para las empresas que ya cumplen con los topes pero que desean presentar un balance de cero neto, y sus créditos son más baratos que los obligatorios.
Entre los proyectos figuran iniciativas de energías renovables, eficiencia energética, eliminación de metano, cambio a combustibles limpios o usos de la tierra. Estos últimos se centran en la captura de carbono en el suelo y la vegetación, o en minimizar emisiones de agricultura y ganadería. Muchos se refieren a la gestión de bosques: reforestar —aunque hay controversia sobre los beneficios de plantar árboles— o evitar la deforestación. Organizaciones sin ánimo de lucro como Verra, Gold Standard, Climate Action Reserve o American Carbon Registry calculan y certifican los créditos; un crédito equivale a una tonelada de CO2 equivalente.
El escándalo de los proyectos REDD+
Las compensaciones de carbono no se han librado de las críticas por parte de quienes, como Greenpeace, las tildan de “estafa”, de “licencia para seguir contaminando, y nos distrae a todos de la labor real de cortar las emisiones”; como las indulgencias papales, decía ya en 2007 Dan Becker, del Sierra Club. Otros expertos las tachan de “fracaso de la experimentación de mercado” o de ofrecer “una fantasía de capitalismo sin crisis”. Los activistas han aprovechado las cumbres del clima para protestar contra un sistema al que acusan de greenwashing, alegando que más de 130 países se han comprometido al cero neto para 2050, pero todos se acogen a las compensaciones.
Un especial recelo ha recaído sobre las compensaciones voluntarias de proyectos del esquema REDD+ (reducción de emisiones de la deforestación en países en desarrollo y gestión sostenible de los bosques) consistentes en conservar los bosques para evitar las emisiones que se liberarían si no se hiciera. Estudios anteriores habían cuestionado la validez de estos créditos, no solo por su carácter futurible, sino también por la posibilidad de que la deforestación simplemente se traslade a otras regiones, a lo que se añade la acusación de perjudicar a las comunidades locales al no tener en cuenta sus necesidades.
En enero de 2023 se desató el terremoto: una investigación del diario británico The Guardian, el semanario alemán Die Zeit y la organización de periodismo de investigación SourceMaterial, apoyada en tres estudios científicos, reveló que el 94% de los créditos REDD+ certificados por Verra no representan reducciones de emisiones reales, sino que son créditos “fantasma”, sin valor. Verra aprueba las tres cuartas partes de todas las compensaciones voluntarias y sus créditos los compran grandes compañías como Disney, Shell, Gucci, Samsung, United Airlines, Air France, Chevron, Ben & Jerry’s, Netflix o la banda de rock Pearl Jam entre otras.
Los estudios se centraron en los proyectos certificados por Verra en la selva tropical, que suman 95 millones de créditos —el 40% de los que esta entidad aprueba—, suficientes para compensar las emisiones anuales de 25 centrales de carbón o de 220 millones de barriles de petróleo, según SourceMaterial, que concluye: “Un mercado de 2.000 millones de dólares, que se predice en rápida expansión, está ampliamente basado en proclamas exageradas”. De los 29 proyectos analizados, solo ocho ofrecen reducción real de emisiones.
Los estudios en los que se basa la investigación se han publicado en Science, PNAS y Conservation Biology. “Los resultados sugieren que las metodologías aceptadas para cuantificar los créditos de carbono sobreestiman el impacto en la evitación de la deforestación y la mitigación del cambio climático”, resume el estudio de PNAS. “La mayoría de los proyectos no han reducido significativamente la deforestación. Para los que sí lo han hecho, las reducciones fueron sustancialmente menores que las anunciadas”, decía el de Science.
El peligro de las compensaciones voluntarias
Las reacciones fueron tormentosas, incluyendo investigaciones de otros medios. Tras la publicación del reportaje, The Guardian informó de que ya desde 2022 el mercado voluntario se estaba estancando por la reticencia de las compañías a seguir comprando créditos dudosos. En junio de 2023 el regulador de EEUU emitió una alerta de mala praxis. Según el diario británico, los especuladores de los créditos podrían perder miles de millones.
Mientras, el CEO de Verra dimitió y la entidad anunció que reformará su programa en 2025, pero al mismo tiempo afirmó haber intentado sin éxito colaborar con The Guardian y ha calificado la investigación de “ataque”, acusando al diario de estar “peligrosamente desencaminado al informar del mercado voluntario de carbono en general”.
Pero The Guardian continuó indagando en la brecha, publicando una nueva investigación en colaboración con el observatorio Corporate Accountability, con conclusiones aún más graves: de los 50 proyectos que más créditos han vendido, casi un tercio del mercado, 39 fueron calificados como inútiles, y otros ocho como problemáticos. Sobre los tres restantes no hubo suficientes datos. Esto suma 1.160 millones de dólares en créditos sin valor y otros 400 millones dudosos. Más alarmante, los proyectos no se limitan a REDD+, sino que incluyen también energías renovables, gestión de residuos o eficiencia energética.
Entre los expertos, las opiniones están divididas entre quienes se inclinan por superar el sistema de compensaciones voluntarias y quienes piensan que aún puede funcionar si se somete a estándares más rigurosos para mejorar la credibilidad de los créditos. Para Julia Jones, coautora en la Universidad de Bangor de uno de los estudios que originaron el reportaje de The Guardian, y su colega Neal Hockley, esto último significa también que los créditos deberían ser más caros y contemplarse solo como último recurso: “Un precio más alto reduciría la percepción de que compensar es una opción fácil y alentaría que se centre el foco en reducir las emisiones”.
Javier Yanes
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