En 1997 una coalición de 38 países firmó el protocolo de Kioto, el primer gran acuerdo global para combatir el cambio climático. Mediante aquel pacto, hoy suscrito por 192 estados, se fijaban límites a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se ponía en marcha un mecanismo que venía funcionando en EEUU desde 1990: el comercio de derechos de emisión, un sistema por el cual las entidades pueden emitir más GEI de lo que deberían si compran ese derecho a otras que se mantengan por debajo de sus cuotas asignadas. El llamado cap and trade ha sido valorado como una poderosa herramienta en el control de las emisiones, aunque no sin críticas, lo que incluye su impacto sobre los consumidores.
El comercio de derechos de emisión nació como una alternativa a las restricciones clásicas impuestas por los reguladores. A finales de la década de los 60, modelos matemáticos de simulación elaborados en EEUU mostraron que era el camino económicamente más sostenible hacia la reducción de las emisiones. En 1990 la Clean Air Act puso en práctica este sistema, que permitió aliviar el problema de la lluvia ácida —debida a las emisiones de dióxido de azufre de las plantas térmicas de carbón— a una cuarta parte del coste previsto y de forma rápida, ya que resultaba ventajoso para las empresas.
Una herramienta clave para la eficiencia energética
El cap and trade permite a las compañías con más dificultad para adaptar sus procesos a las exigencias de recorte de emisiones comprar derechos a otras menos contaminantes o que se han adaptado más aprisa. Esto, sin embargo, nunca otorga carta blanca para emitir sin límites: un elemento esencial del sistema es que la cantidad máxima de emisiones para un país o una industria está fijada, y estos topes van descendiendo con el tiempo. Según Nathaniel Keohane, vicepresidente del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente, la organización que diseñó el sistema para la Clean Air Act, frente al enfoque tradicional de regulaciones gubernamentales, “el cap and trade deja al mercado encontrar la manera más barata de recortar las emisiones”.
Según sus defensores, este mercado de carbono acelera la transición desde el uso de combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovables, incentivando la innovación y la eficiencia energética, al tiempo que dinamiza la economía gracias a la compraventa de emisiones. El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, el mayor del mundo, limita las emisiones de unas 10.000 instalaciones de producción de energía y de la industria manufacturera, además de las aerolíneas, cubriendo un 40% de las emisiones de GEI de la UE.
Así, desde su arranque en 2005 hasta 2019, el mercado europeo logró una reducción del 35% en las emisiones de las instalaciones incluidas. El mayor emisor de GEI del mundo, China, comenzó a implantar su mercado de emisiones en 2017. Todo ello está destinado a promover el avance hacia la neutralidad de carbono en 2050, un propósito suscrito por 131 países, con la meta última de cumplir los objetivos fijados por el acuerdo de París de 2015, limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales.
¿Mercado eficiente o greenwashing?
No obstante, el mercado de carbono también tiene sus detractores. Entre las críticas suele destacarse que el sistema puede distraer de las soluciones a largo plazo y perpetuar la dependencia en los combustibles fósiles mientras haya derechos de emisión a la venta en el mercado, lo que además propicia el riesgo de relegar a los países más pobres. Algunos expertos no descalifican el sistema en su totalidad, pero lo consideran insuficiente si no va acompañado por otras medidas, alegando que sus efectos no se han traducido en una reducción neta de las emisiones por parte de las compañías de petróleo y gas. Otras voces más críticas contemplan el cap and trade como un mero greenwashing del capitalismo.
En cuanto a su impacto sobre los usuarios, se ha sugerido que el beneficio obtenido por el comercio de emisiones compensaría el posible sobrecoste de las tarifas energéticas. Pero en la otra cara de la moneda, también se ha señalado que las compañías energéticas más contaminantes no asumen la carga final de este sobrecoste, sino que la trasladan a sus clientes en forma de tarifas más caras. A medida que los topes de emisiones desciendan y las compañías energéticas avancen en la transición hacia las fuentes renovables, sería de esperar que se evitaran estos sobrecostes.
Pero si el foco suele centrarse casi exclusivamente en la transición hacia las energías limpias, a menudo es a costa de olvidar la inmensa importancia del ahorro y la eficiencia energética, un enfoque que cada vez cobra más peso en los análisis de los expertos. En la eficiencia energética toman parte las industrias, mediante la adecuación y el mantenimiento de infraestructuras, o los gobiernos, definiendo estándares como los que afectan a las emisiones de los vehículos o a la eficiencia de los electrodomésticos. Un informe de 2020 calculaba que, sin las inversiones en eficiencia energética materializadas desde 1980, el consumo de energía y sus emisiones relacionadas serían hoy un 60% mayores que los actuales, y los consumidores estarían pagando 800.000 millones de dólares más al año en coste energético.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la eficiencia energética por sí sola puede alcanzar más del 40% de los recortes de emisiones necesarios para cumplir los objetivos del acuerdo de París. No obstante, esto requiere una inversión fuerte y continuada: la AIE estima que la inversión anual en eficiencia energética debería duplicarse para 2025 y de nuevo duplicarse otra vez para 2040. Pero es una inversión rentable: cada euro invertido en eficiencia energética ahorra más del triple a lo largo del ciclo de vida de una tecnología.
El papel responsable de los consumidores
Pero además de empresas y gobiernos, también los consumidores tenemos un papel protagonista en el camino de la eficiencia energética. Un caso conocido es el cambio de las bombillas incandescentes tradicionales a las LED, una importante medida que reduce la demanda eléctrica; el uso global de luces LED evita la emisión de 570 millones de toneladas de CO2 al año. Pero el margen de mejora es mucho más amplio; según una estimación, más de la tercera parte de la energía consumida en edificios comerciales y residenciales se desperdicia en instalaciones ineficientes, aislamientos defectuosos o luces que nadie está utilizando. Así, el uso responsable de la energía fomenta el ahorro, mientras que el mantenimiento y la modernización de nuestras instalaciones y dispositivos de iluminación, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado contribuyen a la eficiencia energética.
Es también en este aspecto donde tienen sentido las tarifas por tramos horarios de consumo de electricidad, como las implantadas recientemente en España y que funcionan también en otros países. Existen grandes diferencias de demanda energética a distintas horas del día y de la noche. Los picos diurnos exigen un gran volumen de producción y pueden requerir la construcción de nuevas instalaciones, que sin embargo quedan infrautilizadas en el horario nocturno. Es por ello que las compañías incentivan un reparto de la demanda más equitativo a lo largo del día, bonificando el consumo en horario nocturno.
Sin embargo y al igual que puede ocurrir con los costes, también esta carga de la responsabilidad del uso de la energía en los usuarios es objeto de críticas, ya que exige un cambio en hábitos de consumo y horarios que, además, en ocasiones no es voluntario sino forzado por necesidades económicas, lo que puede agravar el problema de la pobreza energética. Según Morten Fibieger Byskov, experto en ética de políticas climáticas de la Universidad de Warwick, poner la responsabilidad en los consumidores “es algo parecido a culpar a las víctimas, porque desplaza la carga de quienes deberían actuar a quienes probablemente se vean más afectados por el cambio climático”.
Un gran margen de mejora está en la innovación tecnológica: la autoproducción de energía mediante paneles solares, las baterías domésticas para el almacenamiento, las redes y contadores inteligentes o los sistemas de demanda dinámica, que ajustan la actividad de los aparatos en cada momento en función del consumo en la red, son ejemplos de soluciones de eficiencia energética que no exigen a los consumidores un cambio de hábitos. Aunque, como señala Fibieger Byskov, “todo esto no quiere decir que los individuos no puedan o no deban hacer lo que puedan para cambiar sus costumbres cuando sea posible. Cada pequeña contribución ayuda”.
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