>RETOS PARA AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI

Miguel Ángel Centeno y Andrés Lajous

Imagen: La pobreza y la desigualdad son un estigma de los países latinoamericanos.

>MIGUEL ÁNGEL CENTENO

Miguel Ángel Centeno ha publicado muchos artículos, capítulos y libros. Sus últimas publicaciones son War and Society (Polity, 2016), Global Capitalism (Polity, 2010), States in the Developing World (Cambridge UP, 2017) y State and Nation Making in the Iberian World (Cambridge UP, 2013). Es fundador de la Research Community on Global Systemic Risk financiado por PIIRS a partir de 2013 (http://risk.princeton.edu) y publica los resultados en Annual Review of Sociology. Tiene entre las manos un nuevo proyecto de libro sobre la sociología de la disciplina y un segundo volumen sobre los estados en América Latina y España en el siglo XX

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>ANDRÉS LAJOUS

Andrés Lajous ha trabajado como periodista para varias publicaciones en México. Actualmente es candidato al doctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Princeton. Sus investigaciones se centran en la capacidad de los estados y la violencia en Latinoamérica.

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>RETOS PARA AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI

De forma muy parecida al mundo en vías de desarrollo, Latinoamérica tendrá que enfrentarse a desafíos importantes en este siglo. Los cambios medioambientales, la desigualdad persistente y la creciente violencia fuerzan a millones de personas de toda la región a vivir en un constante estado de incertidumbre. ¿Estarán los países latinoamericanos a la altura de la tarea de mejorar, definitivamente, la vida de sus habitantes?

¿Cuáles son los grandes retos del siglo XXI para el planeta y para Latinoamérica en concreto? De todas las cosas que están yendo mal, ¿qué debería preocuparnos más? En este artículo empezaremos describiendo lo que creemos que son los retos mundiales más críticos, y luego analizaremos cómo evolucionarán en la región que estudiamos, América Latina.

El problema más obvio al que nos enfrentamos es el del medio ambiente. Debido al cambio climático global, el agotamiento de los recursos y la destrucción medioambiental general, las normas que han gobernado nuestro planeta y que han supuesto la base subyacente de nuestra sociedad están cambiado más rápidamente de lo que podemos percibir, con consecuencias que no podemos imaginar. Los resultados podrían ser tan dramáticos como ciudades inundadas, o tan triviales como unas mayores turbulencias en los vuelos transoceánicos. Regiones muy pobladas del mundo se volverán, posiblemente, inhabitables, y los recursos de los que depende la modernidad se volverán más escasos y caros. Los conflictos podrían exacerbarse cada vez más debido a la escasez, y nuestra capacidad para cooperar a escala global podría verse limitada por un impulso hacia la búsqueda de consuelo en la pequeña tribu. Al ir acercándonos a distintos momentos críticos, la pregunta ya no consiste en cómo detener el cambio climático, sino en cómo adaptarse a sus nuevas normas y límites.

Aunque puede que no suponga un guión tan emocionante, el mundo actual también debe temer los riesgos, generados por el hombre. Hoy día, prácticamente todas las personas son, de algún modo, dependientes del flujo continuo de dinero, bienes, cultura y gente, lo que llamamos «globalización». Este proceso ha traído consigo una abundancia inimaginable para muchos, pero con unos costes enormes en cuanto a nuestro sentido global de comunidad, además de para el medio. Esa abundancia se adquiere, además, con una fragilidad creciente de nuestros sistemas básicos de alimentación, financiación y energía. Más que nunca en la historia de la humanidad, dependemos de que otras partes distantes del mundo hagan su trabajo de forma correcta, ya se trate de producir los alimentos que consumimos, hacer funcionar, con una refrigeración costosa, los barcos en los que viajan, y aceptar algún tipo de pago global que mantenga la máquina en funcionamiento. Pero ninguna máquina es perfecta, y a medida que hacemos nuestros sistemas más complejos y conectamos más fuertemente cada parte, nos vemos sujetos a la posibilidad de que la propia red se descomponga y nos deje aislados sin estar preparados para la autosuficiencia.

Buena parte de estos sistemas dependen de unas instituciones funcionales. En una interesante paradoja, el sistema globalizado depende más que nunca de normas y de organizaciones capaces de imponerlas. Los mercados necesitan que los estados los protejan, y esto es tan cierto en el siglo XXI como lo fue en el XVI. El mayor riesgo de catástrofes medioambientales y sobre la salud pública también hace más evidentes las funciones coordinadoras del Estado. Los diques no se construyen ni se mantienen solos. Los actores privados no controlarán las epidemias mediante incentivos particulares. Incluso habiendo perdido parte de su autonomía frente a las fuerzas globales, los estados siguen siendo críticos para asegurar la entrega de servicios, para controlar la violencia y para certificar las identidades personales. Pese a ello, los estados actuales viven en una contradicción: al verse acorralados por fuerzas que escapan a su control, las exigencias impuestas sobre ellos crecen exponencialmente. Por lo tanto, como las globalizaciones redistribuyen el trabajo y los ingresos por todo el mundo, los ciudadanos exigen más protección a sus gobiernos. La pregunta sobre «¿quién manda?» sigue siendo crítica para cualquier sistema social, desde la ciudad individual hasta la red global.

«HEMOS CONSTRUIDO UN ESTILO DE VIDA PARA MUCHOS, PERO CIERTAMENTE NO PARA TODOS.»

En parte producto de la globalización y en parte herencia de diez mil años de vida colectiva, la desigualdad se ha convertido en un problema mayor para todas las sociedades. La desigualdad entre sociedades no solo es una preocupación ética, sino que hace que la cooperación global en asuntos como el cambio climático resulte muy difícil. A su vez, esta injusticia provoca un flujo de seres humanos en busca de una vida mejor en regiones donde quizá no sean bienvenidos. La desigualdad a escala nacional también hace que incluso gobernar territorios menores resulte difícil, ya que los costes y los beneficios de las decisiones no están distribuidos homogéneamente. La desigualdad es un reto singular, ya que es, en parte, un asunto de percepción. Pese a que los últimos cincuenta años han sido testigos de un enorme aumento en la esperanza de vida en todo el planeta, también han hecho que las desigualdades entre las sociedades y dentro de ellas sean más visibles. Además, en la actualidad, los mecanismos tradicionales empleados por los estados nacionales mediante los cuales las sociedades redujeron la desigualdad resultarían ineficaces, por no decir contraproducentes.

Por último, aunque algunos afirman que el mundo se ha vuelto mucho más pacífico, la forma de violencia simplemente ha cambiado. Mientras que hace cien años pensábamos en la violencia en términos de un conflicto masivo organizado, ahora adopta una forma menos colectiva y quizá menos organizada. El origen de la violencia tal vez ya no adquiera el aspecto de un combatiente enemigo, pero eso hace que resulte más difícil identificar las amenazas y enfrentarse a ellas. Cuando los camiones de alquiler se convierten en armas de destrucción masiva, ¿cómo se controla todo el tráfico? Cuando las fuerzas o el orden se ven sobrepasados, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de la ley? Con las interacciones humanas volviéndose globales y teniendo lugar unos cambios culturales rápidos, ¿cómo creamos y aprendemos nuevas reglas y normas que mitiguen los conflictos cotidianos?

De hecho, el mundo tiene mucho por lo que sentir inquietud. Hemos construido un estilo de vida para muchos (pero ciertamente no para todos) que rivaliza con el de los aristócratas del siglo XIX. Pero, de forma muy parecida a ellos, tememos que las normas del mundo estén cambiando y nos preguntamos cuánto cambio podemos aceptar y cuánto del statu quo puede (o debería) conservarse. Con esta perspectiva en mente, hablaremos ahora sobre cómo están interpretándose estos retos en América Latina.

El medio ambiente

Podemos dividir los retos medioambientales entre aquellos que ya son evidentes y los que lo serán más a lo largo del siglo XXI (Banco Mundial, 2016). Entre los primeros, el más obvio es la contaminación que afecta a muchas ciudades de América Latina. En muchos casos, esto procede no tanto de la industria, sino de la concentración masiva en una o dos áreas urbanas de cada país. Esta contaminación puede transmitirse por el aire y se puede decir que, también tiene su origen en el subdesarrollo de las infraestructuras de la recogida de desechos. En muchas ciudades latinoamericanas una cuarta parte de la población no tiene acceso a agua potable o a un un sistema de recogida de basuras o a un alcantarillado. Esto supone un importante riesgo para la salud pública. La situación está empeorando a medida que las sequías y su gravedad se vuelven más frecuentes y duras. Los cambios en las precipitaciones están desafiando a los sistemas existentes introduciendo también una variabilidad a la que muchos de esos sistemas no pueden hacer frente, mermando todavía más la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.

Lejos de los centros urbanos, la deforestación y los aumentos de temperatura también están amenazando la viabilidad de las comunidades. La deforestación sigue siendo un problema importante en toda esta región, pero especialmente en Brasil. Las temperaturas más altas también están acabando con las redes de agua de los Andes, ya que conducen a la desaparición de los glaciares, y también se relacionan con brotes de enfermedades cada vez más graves y frecuentes.

Por supuesto, todo ello presenta una gran variabilidad en la región, que sigue el mismo patrón que el conjunto del planeta: los pobres y los marginados, ya sea en las zonas urbanas o en las rurales, sufren mucho más, tal y como lo atestiguan las mediciones dentro y entre los niveles de desigualdad. Los más desfavorecidos de América Central, por ejemplo, corren mayor peligro de sufrir debido a los desafíos medioambientales.

El continente es afortunado, ya que los escenarios más espantosos del cambio climático global son menos relevantes, con la obvia excepción de los países caribeños, en los que el nivel creciente del nivel del mar representa un problema inmediato. Los cambios del clima también podrían empezar a afectar a las materias primas que constituyen la base de las economías de estos países. La soja, por ejemplo, es sensible al cambio climático y a las variaciones del clima, al igual que lo es la ganadería bovina. La producción frutícula y la pesca también se verían afectadas negativamente por el cambio climático. Sudamérica es rica en el material que adquirirá gran importancia en los escenarios de catástrofes climáticas. El continente cuenta con alrededor del 25 por ciento del agua dulce del mundo. Lamentablemente, está distribuida de forma desigual por toda la región, hasta el punto en el que podría convertirse en el bien más preciado del siglo XXI, y la región tendrá un recurso natural más con el que negociar.

En general, a América Latina quizá no le afecten algunos de los escenarios más horribles previstos para África y buena parte del sur de Asia; pero el riesgo del cambio climático no puede medirse solo mediante la exposición, sino también mediante la fortaleza de las instituciones destinadas a ocuparse de él. En este aspecto, la región, con sus altas concentraciones urbanas y unas estructuras de gobierno débiles, quizá tenga que enfrentarse a muchas más consecuencias que las que puedan predecir los modelos puramente orgánicos.

Vista de satélite de los rios Negro y Solimoes en su confluencia para formar el Amazonas.

Riesgo sistémico humano

El entorno natural no es el único «ecosistema» amenazado en el siglo XXI. El mundo está cada vez más conectado mediante la transferencia de personas, mercancías, capital y cultura. Lo más importante es que incluso las naciones más pobres dependen del flujo continuo a través de la infraestructura global, pero la dependencia de un país de la red global está muy correlacionada con su nivel de desarrollo (Centeno et al., 2015; Banco Mundial, 2017). Necesitaremos, cada vez más, algunos índices que cuantifiquen la dependencia de la red global según el dominio y también la ubicación de los orígenes y los destinos. Así pues, por ejemplo, la mayor parte de Europa occidental y de Asia oriental dependen mucho más del flujo continuo de bienes (especialmente de alimentos y combustible) que Estados Unidos.

La región está mucho más preparada que otras zonas y posee el potencial de vivir de sus propios recursos. Un desplome de la oferta y la demanda mundiales no dejaría a la región con hambre ni sed permanentes. Debido a su posición relativamente marginal en la cadena de producción mundial, la región no depende de complejos flujos comerciales para mantener su economía en el grado en que lo hacen Asia oriental o Europa occidental. Entre las economías con unos ingresos intermedios, América Latina se distingue por el porcentaje relativamente bajo del PIB que representa el comercio (siendo México una excepción destacable).

Esa aparente robustez enmascara, no obstante, una fragilidad estructural. La posición de la región en el sistema de comercio mundial sigue siendo prácticamente la misma que en el siglo XIX. Con la excepción de México, la economía de cada país se basa en la producción de un pequeño número de bienes para la exportación. Mientras que Brasil puede destacar por su producción de reactores Embraer, su comercio exterior sigue basándose en gran medida en los productos como la soja, que supone casi la décima parte del comercio total. La situación en Argentina y Perú es incluso peor. En lo que constituye una paradoja que los defensores de la teoría de la dependencia no encontrarían sorprendente, la región en su conjunto exporta una gran cantidad de crudo, pero cada vez es más dependiente de las importaciones de gasolina refinada. Se pueden explicar historias similares de numerosos productos industriales y químicos.

Las remesas suponen otra forma de dependencia en un sistema global en progreso, y siguen siendo una parte importante de la economía de varios países. Se trata de economías cuya implicación en el comercio global consiste en un intercambio de mano de obra por un sueldo en otra divisa. Un desplome en el flujo de gente y/o en el flujo de dinero podría resultar devastador para muchos países, y especialmente para el Caribe y Centroamérica, donde puede representar hasta una sexta parte del PIB.

No son solo los productos los que definen la dependencia de una región. China y Estados Unidos representan un porcentaje muy grande de los mercados exportadores en la región. Las perturbaciones de cualquiera de estas economías políticas o el colapso de la infraestructura del comercio global restringirían gravemente la entrega de exportaciones e importaciones.

La desigualdad

Parece erróneo, desde el punto de vista histórico, señalar a la desigualdad como uno de los retos a los que se enfrentará América Latina en el futuro. La desigualdad es un estigma histórico, constantemente visible en todos los países de la región. ¿Por qué es la desigualdad un rasgo definitorio de América Latina? Una posible respuesta es que la desigualdad económica es un fenómeno que se autorrefuerza y que no puede desligarse de sus consecuencias políticas. A medida que los países se van volviendo más desiguales, las instituciones políticas que desarrollan y la fuerza relativa de los distintos actores políticos pueden hacer que la desigualdad económica sea más duradera. La América Latina actual siguió un camino de desigualdad, y ha sido, por lo general, fiel a él. Por lo tanto, el mayor reto al que se enfrenta América Latina en cuanto a desigualdad puede que no sea la desigualdad económica per se, sino la capacidad de mantener el acceso a las instituciones políticas lo suficientemente amplio y abierto, de modo que los desfavorecidos puedan influir en los resultados económicos.

«SE DEBE RECONSIDERAR TANTO EL PAPEL DEL ESTADO COMO EL DE LA SOCIEDAD SOBRE QUÉ CONTROLA EL USO DE LA VIOLENCIA EN LA VIDA COTIDIANA Y QUÉ LA EXACERBA.»

Las dos últimas décadas en América Latina aportan alguna esperanza sobre cómo puede reducirse la desigualdad, pese a que quizá no baste con decir que la región se encuentra en un camino que acabará por hacer que la igualdad se autorrefuerce. La de 1990 fue una década en la que la desigualdad aumentó de forma general en la región. La de 2000, no obstante, fue testigo de la consecución de una tasa de reducción de la desigualdad nunca antes vista (López-Calva y Lustig, 2010, véase el gráfico 1). La creación de programas de transferencia de dinero en efectivo explica en gran medida este importante cambio, especialmente en la reducción general del coeficiente de la renta nacional bruta (RNB). A diferencia de la política social previa en la región, estos programas están dirigidos a la población con menores ingresos, consiguiendo así un impacto sobre la desigualdad al afectar al indicador que usamos para medirla, los ingresos. Los programas de transferencias monetarias más visibles fruto de su tamaño y del impacto que se calcula que tuvieron, fueron Oportunidades en México y Bolsa Familia en Brasil. Sin embargo, se implementaron programas similares en otros países de la región. Además, excluyendo casos importantes, como el de México, los salarios mínimos aumentaron en la mayor parte de la región durante ese mismo período, lo cual afectó directamente y una vez más, a los ingresos de los más pobres.

Resulta difícil no relacionar la reducción de la desigualdad en América Latina con la elección de gobiernos de izquierdas en los primeros años de este siglo (Huber, 2009). El establecimiento de la democracia no solo trajo consigo unas instituciones políticas más estables y menos violencia política, sino que también posibilitó que segmentos de la población que habían estado históricamente infrarrepresentados acabaran influyendo en las decisiones políticas. Los casos de Bolivia, con la elección de Evo Morales, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, la coalición entre el centro y la izquierda en Chile y el PT en Brasil son algunos de los ejemplos más notorios. Sin embargo, las organizaciones estables que representan en esencia a los desfavorecidos, como los sindicatos, son débiles o, debido a la exclusión histórica de los trabajadores informales, tienden a representar otra fuente de privilegios, y no de igualamiento.

El ritmo decreciente en la reducción de la desigualdad en la década de 2010 es un amargo recordatorio de que la característica relevante de la región no es solo la prevalencia de la desigualdad, sino también su durabilidad. Aunque los programas de transferencias monetarias han tenido un impacto sobre ella, su efecto está limitado por el hecho de que, tras su éxito inicial, el alcance posterior solo puede ser marginal, y de que incrementar el valor de las transferencias puede suponer una presión excesiva sobre las finanzas públicas, tal y como han argumentado economistas de toda la región (Gasparini, 2016). Esto es especialmente cierto ahora que la capacidad de muchos países latinoamericanos para mantener unos ritmos estables de crecimiento económico se ha visto cuestionada en los últimos dos años. Además, la desigualdad económica es un aspecto muy visible de la inequidad y es medida constantemente, lo que ilustra indirectamente otros aspectos de la desigualdad. Las diferencias descarnadas en la calidad y el acceso a los bienes públicos, como un entorno saludable, un alojamiento confortable y otros aspectos que determinan nuestra calidad de vida general, pueden ser incluso más importantes que la mera desigualdad en los ingresos. Como es bien sabido, Latinoamérica sigue adoleciendo de una gran desigualdad en todos estos otros aspectos.

La combinación de un crecimiento económico más lento y una desigualdad persistente es una fuente de inquietud para todos los actores políticos de la región. El efecto político sobre la estabilización de la desigualdad no puede subestimarse. La gente se ve directamente afectada por las diferencias en sus ingresos en cuanto a los resultados a lo largo de su vida, pero su percepción de la equidad y la justicia también está fuertemente relacionada con los niveles de desigualdad. Las percepciones negativas relativas a la ecuanimidad de la sociedad son una fuente de desasosiego para las élites económicas. Les preocupa que políticos populistas puedan ascender al poder y que siembren el caos en la estabilidad económica. Al mismo tiempo, a los partidos y a los políticos de izquierdas les preocupa que las élites económicas y las instituciones financieras internacionales reaccionen de manera exagerada a las demandas de redistribución restringiendo la capacidad de los desfavorecidos de influir en la política. Este contexto repleto de desazón puede conducir a situaciones en las que la actual tormenta política en Brasil debería suponer una nota de advertencia para el resto de la región.

La violencia

Existen dos retos principales a los que se enfrenta actualmente Latinoamérica con respecto a la violencia. El primero es un aumento de la violencia interpersonal a lo largo y ancho de la región, y el segundo es la violencia vinculada al crimen organizado, especialmente en áreas importantes para los mercados relacionados con la droga. Los medios de comunicación hacen visible constantemente este segundo tipo de violencia, que se ha convertido en una fuente de políticas de «mano dura» poco respetuosas con los derechos humanos, mientras que el primer tipo de violencia, la interpersonal, se cobra más víctimas cada año en los países de la región.

Existe una gran variabilidad en las tasas nacionales de homicidios en América Latina, y hay una incluso mayor en el interior de los países (véase la figura 2). Algunos, como Honduras y El Salvador, comparten los niveles más altos de homicidios del mundo, mientras que otras naciones, como Chile y Uruguay, se encuentran entre aquellas con los niveles más bajos. Los países de mayor tamaño, como México, Brasil, Colombia y Venezuela, tienen regiones donde las tasas de homicidios son comparables a las de los países escandinavos, y, al mismo tiempo, tienen zonas con niveles de violencia que recuerdan a los del salvaje Oeste estadounidense.

Buena parte de esta variabilidad se explica en virtud de los fenómenos sociales y demográficos. Las dos características que parecen estar impulsando la violencia son las estructuras demográficas con incrementos de hombres jóvenes y una creciente participación de la mujer en el mercado laboral (Rivera, 2016). Aunque estas grandes tendencias no permiten detallar con precisión las motivaciones subyacentes al aumento de la violencia interpersonal, no resulta inverosímil establecer la relación entre la violencia, unas estructuras familiares cambiantes, unas instituciones estatales debilitadas y la creciente presencia de hombres jóvenes sin orientación ni supervisión. Esta ausencia de supervisión o de control social, ya sea por parte de las instituciones sociales tradicionales (esto es, la familia) o de instituciones modernas (las escuelas y los hospitales), también puede suponer la base para la creciente violencia machista y la creación de bandas que pueden dedicarse a actividades ilegales.

La otra fuente importante de variabilidad no es la producción o el tráfico de drogas como tal, sino cómo se enfrentan los gobiernos a los mercados ilegales de la droga (Lessing, 2012). Hay algunos países clasificados como grandes productores relacionados con la droga, pero con poca violencia vinculada a ellos. Por el contrario, hay otros países con mercados de la droga menores o con unos territorios usados exclusivamente como rutas para el narcotráfico en los que hay unos niveles de violencia elevados asociados con estas actividades. Los gobiernos a veces se enfrentan, apaciguan o simplemente hacen la vista gorda con respecto al tráfico de drogas, dando lugar a resultados divergentes en términos de violencia.

A pesar de que las fuentes estructurales de la violencia desempeñen un papel importante en la explicación de la inseguridad en Latinoamérica, la percepción de mucha gente es que la principal fuente de la violencia y el crimen es la impunidad. La vida cotidiana en la mayoría de los países de la región transcurre con la expectativa de que las autoridades no serán capaces de intervenir cuando se cometa un homicidio o un atraco, y que, una vez que se hayan cometido, la expectativa es que las víctimas no reciban mucha ayuda. Además, lo más probable es que los delincuentes no sean castigados, o que si lo son, el castigo se verá atenuado por su relativo poder económico o político. Aunque ha habido cambios importantes en las últimas décadas con respecto a la independencia de las instituciones judiciales y el control civil sobre el aparato coercitivo del Estado, el foco sobre la impunidad ha conducido a veces a políticas de «mano dura» que hacen aumentar el uso arbitrario de la violencia por parte de las autoridades contra los civiles, no respetar la impartición de justicia y considerar los derechos humanos como obstáculos que favorecen a los delincuentes. Paradójicamente, estas políticas no acaban fortaleciendo el imperio de la ley según lo prometido, sino que, por lo contrario, ponen de manifiesto la debilidad de unos estados que no dudan en recurrir a la violencia precisamente porque no pueden controlarla. A este respecto, las perspectivas son desalentadoras, y con vistas al futuro la región deben replantearse seriamente las premisas básicas sobre aquello que provoca violencia y qué la controla. Se debe reconsiderar tanto el papel del Estado como el de la sociedad sobre qué controla el uso de la violencia en la vida cotidiana y qué la exacerba.

Un familiar llora en el funeral multitudinario de dos niños asesinados en la localidad guatemalteca de San Juan de Sacatepéquez, 14 de febrero de 2017.

La capacidad del Estado

El Estado latinoamericano es, desde cualquier punto de vista, débil y frágil. Puede que el indicador más obvio sea el porcentaje que representa el Estado en el conjunto de la economía. Tanto si se calcula en términos de ingresos públicos como de gasto, los estados latinoamericanos son pequeños y muy ineficaces. Chile y Costa Rica constituyen excepciones destacables, pero, en general, se podría decir que Latinoamérica es un «falso Leviatán».

Paradójicamente, los estados latinoamericanos tienen un buen desempeño en algunas de las funciones relacionadas con instituciones fuertes. La región en su conjunto supera a países con una riqueza similar en cuanto a proporcionar alguna base de sanidad pública y educación, pero en otras (sobre todo en el monopolio sobre los medios de violencia descritos anteriormente) se considera que las instituciones de los gobiernos de América Latina son deficientes. Las infraestructuras son un ámbito en que la región incumple las expectativas habida cuenta de su riqueza, algo que genera un obstáculo permanente para unas formas de desarrollo económico más sofisticado y que también pasa factura a los ciudadanos que dependen de los servicios de transporte y comunicación. El suministro de algunos servicios como el correo y la recogida de basuras es muy malo, y con frecuencia ha sido absorbido por empresas del sector privado.

Izquierda: Un detenido por violencia callejera ingresa en el calabozo. Derecha: Favela de Rio de Janeiro, Brasil.

Un indicio de la debilidad relativa del Estado es el tamaño de su economía informal. Aunque algunos pueden argumentar que esto sirve como un dinamizador económico, también significa que el Estado tiene dificultades para imponer buena parte de la actividad económica y que también fracasa a la hora de proteger a los trabajadores. La aplicación de los contratos también supone un problema, ya que la confianza en los tribunales sigue siendo baja. Se podría explicar algo similar de los servicios públicos en general, en que (con la excepción de algunas islas de excelencia como los bancos centrales) los estándares no son muy «weberianos» (Centeno et al., 2017). La corrupción es un problema importante, y, como en el caso de Brasil en los últimos años, no solo es una fuente de ineficiencia económica, sino que también desafía la legitimidad del propio gobierno.

«EN GENERAL, LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS NO HAN SIDO CAPACES DE HACER QUE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEA PREDECIBLE PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN.»

Así pues, una de las principales preguntas que deben formularse con respecto al futuro de Latinoamérica es si están presentes las condiciones que permitan un fortalecimiento de los estados. Algunas de estas condiciones son producto del contexto internacional, y algunas pueden serlo de las coaliciones políticas nacionales. Es por ello que el futuro dista de ser seguro. Por un lado, se podría argumentar que una globalización en constante expansión reduce la capacidad de los estados para controlar la política fiscal y, por lo tanto, de redistribuir la riqueza mediante servicios y políticas sociales. Por otro, la globalización creciente puede ofrecer más oportunidades a los países en vías de desarrollo para convertir el ciclo alcista de las materias primas en fuentes de capitalización para la inversión a escala local. Además, las empresas criminales o asociaciones ilícitas han expandido su acceso a los mercados internacionales como vendedoras (en el caso del tráfico de drogas) y como compradoras (en el caso del blanqueo de capitales y armas), mientras que la cooperación internacional puede permitir una mejor coordinación en la persecución de las organizaciones criminales transnacionales. Las oportunidades y restricciones que impone la globalización sobre los países en vías de desarrollo son un asunto comentado exhaustivamente, aunque un aspecto que recibe poca atención es el estatus relativo de los estados nacionales con respecto a los estados subnacionales y los actores políticos locales.

Conclusiones

Muchos de los retos a los que se enfrenta Latinoamérica en el siglo XXI son aquellos a los que se ha enfrentado desde su independencia de España hace doscientos años. La dependencia de unas relaciones comerciales frágiles y de productos primarios, la violencia incesante y la desigualdad, prácticamente definían a esta región en el siglo XIX. La fragilidad del entorno y de la red global es nueva, pero el desafío sin resolver sigue siendo el mismo: la institucionalización del orden social a través del Estado. Aunque puede que la región no sea capaz de resolver todos los desafíos a los que se enfrenta, nada puede hacerse sin la consolidación de la capacidad del Estado. Algunos estados de América Latina pueden ser mejores que otros en cuanto a su capacidad para suministrar servicios o llevar a término políticas concretas. Sin embargo, el tipo de consolidación que estamos discutiendo, y que es extremadamente necesaria, es una que haga que tanto el Estado como la sociedad sean más regulares y predecibles. Cada día, los latinoamericanos hacen uso de su ingenio para enfrentarse a las fuentes inesperadas e irregulares de la violencia, la pobreza y los fenómenos medioambientales. Sin embargo, la inventiva individual es onerosa cuando se dirige principalmente a necesidades básicas, y la incertidumbre no ha hecho sino aumentar con la globalización y con el ritmo lento al que el mundo se ha enfrentado al reto de los cambios medioambientales provocados por el ser humano.

«EN ALGUNOS CASOS, EL PROPIO ESTADO SE HA CONVERTIDO EN UNA FUENTE DE MAYOR VIOLENCIA.»

En general, los estados latinoamericanos no han sido capaces de hacer que la actividad económica sea predecible para la mayoría de la población. Las políticas enfocadas directamente a la inclusión social han ido teniendo cada vez menos que ver con la fundación de instituciones que ayuden permanentemente a las personas a lidiar con las incertidumbres del mercado y cada vez más con el suministro de un alivio mínimo e intermitente a quienes se hallaban en una situación de emergencia. La mayoría de los estados de la región no han sido capaces de controlar la violencia interpersonal y, en algunos casos, el propio Estado se ha convertido en una fuente de mayor violencia. La acción del Estado relativa al orden social básico, en lugar de considerar las fuentes estructurales de la violencia, se interpreta superficialmente como un «simple» problema de coacción. Paradójicamente, esto significa que, en un mundo más incierto, en lugar de que los estados se hayan convertido en una fuente de estabilidad y regularidad, se han convertido en una fuente añadida de incertidumbre para la vida cotidiana. Enfrentarse al reto implica que los países necesitarán unos estados más fuertes, no solo para implementar políticas concretas sino, más importante aún, para desarrollar nuevas formas de lidiar regularmente con los crecientes riesgos a los que se enfrentan sus poblaciones.

La violencia contra los periodistas es un problema muy serio en México. Una mujer con un "no al silencio" pintado en la cara durante una manifestación para poner fin a la violencia contra periodistas en México frente al Palacio de Bellas Artes.

Referencias bibliográficas

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Centeno, M. A., A. Kohli y D. J. Yashar, eds. (2017), States in the Developing World, Cambridge, Nueva York, Cambridge University Press.

Centeno, M. A., M. Nag, T. S. Patterson, A. Shaver y A. J. Windawi (2015), «The Emergence of Global Systemic Risk», Annual Review of Sociology, núm. 41, pp. 65-85.

Gasparini, L., G. Cruces y L. Tornarolli (2016), «Chronicle of a Deceleration Foretold Income Inequality in Latin America in the 2010s», Revista de Economía Mundial, núm. 43, pp. 25-45.

Huber, E. (2009), «Politics and Inequality in Latin America», PS. Political Science & Politics, vol. 42, núm. 4 (octubre de 2009), pp. 651-655.

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López-Calva, L. F., y N. C. Lustig, eds. (2010), Declining Inequality in Latin America. A Decade of Progress?, 1.ª ed., Washington D.C., Brookings Institution Press.

Rivera, M. (2016), «The Sources of Social Violence in Latin America. An Empirical Analysis of Homicide Rates, 1980-2010», Journal of Peace Research, vol. 53, núm. 1 (1 de enero de 2016), pp. 84-99.

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Centeno, M. A. y Lajous, A., "Retos para América Latina en el siglo XXI", en La Era de la Perplejidad. Repensar el Mundo que conocíamos, Madrid, BBVA, 2017.

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